Trabajadores sociales del Hospital Borda denuncian un "desguace total" de las políticas de salud mental a nivel nacional, con una reducción presupuestaria que afecta la creación de dispositivos intermedios como residencias y hogares para pacientes.
La falta de presupuesto también impacta en la contratación de profesionales, lo que dificulta la reinserción social y laboral de los pacientes. Las pensiones para personas con discapacidad están demoradas, y se priorizan otras situaciones por sobre la salud.
Se señala que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), ahora Secretaría de Discapacidad, tiene cada vez menos fondos, lo que limita la posibilidad de ofrecer tratamientos ambulatorios y dispositivos institucionales necesarios para la recuperación de los pacientes.