Fuentes judiciales sugieren que Manuel Adorni podría enfrentar una nueva causa penal por "peculado de servicios" (Artículo 261 del Código Penal) debido al uso de Gendarmería Nacional para custodiar su country. Se argumenta que la Gendarmería, cuya función principal es custodiar fronteras, fue utilizada para beneficio personal del jefe de gabinete, lo cual podría constituir un delito.
La Gendarmería habría sido movilizada a pedido de Adorni tras una manifestación en el country y la supuesta toma de fotos de su casa. Expertos legales consultados indican que el uso de fuerzas federales para la protección de la propiedad privada de un funcionario, sin una orden escrita y justificada, es inadmisible y podría acarrear penas de reclusión y inhabilitación para ejercer cargos públicos.