Se debate si el uso de las garantías constitucionales en el juicio por la muerte de Maradona constituye un abuso que interrumpe la producción de pruebas.
Se plantea que el derecho a declarar, si bien es una garantía, no puede utilizarse para dilatar el proceso y obstaculizar el avance de la causa.
La tensión radica en equilibrar el derecho de defensa de los imputados con la necesidad de que el juicio se desarrolle de manera ágil y justa.