La investigación sobre presuntas irregularidades en la Fuerza Aérea se profundiza, revelando una estructura que trasciende gobiernos y que involucraría a funcionarios y empresarios en maniobras de sobreprecio en la compra de aeronaves y repuestos.
Se señala a Claudio Rubén Cabina, un empleado con experiencia en organismos vinculados a la aeronáutica, como nexo con empresas como Regional One. La pesquisa sugiere que estas empresas habrían ganado numerosas licitaciones en los últimos años.
El traspaso de la Agrupación Aérea Presidencial a Casa Militar, impulsado por Karina Milei, es visto como una pieza clave en el rompecabezas, ya que esta área maneja la flota presidencial y los aviones de la Fuerza Aérea, blancos de la presunta operatoria.
La denuncia, que ya cuenta con causa judicial y ha sido ratificada ante la Justicia, se basa en documentos y expedientes de licitación que indicarían que la operatoria se realizó en al menos otras ocasiones. Se menciona que la licitación en cuestión se abrió y cerró en fechas cercanas al cambio de gobierno, sugiriendo una posible intención de agilizar la operación antes de la transición.