Se cuestiona el incumplimiento de la ley de administración financiera, la cual prohíbe la aprobación de leyes que violen normativas preexistentes. La discusión surge en el contexto de la compra de aviones de guerra por 300 millones de dólares, mientras se argumenta la falta de recursos para otras áreas.
Se plantea la disyuntiva entre la voluntad política y la asignación de recursos, señalando que la ley debe ser respetada en su totalidad, sin interpretaciones selectivas.