El gobierno boliviano, presidido por Rodrigo Paz, ha intensificado los llamados al diálogo ante las masivas movilizaciones. Sin embargo, solo dos organizaciones han participado en reuniones, logrando acuerdos limitados como la entrega de bonos a cambio de suspender las protestas.
Más de 12 organizaciones, incluyendo la COB (la más importante de Bolivia), sindicatos de El Alto y grupos indígenas, mantienen sus demandas y continúan movilizados. Estas organizaciones exigen mejores condiciones laborales, rechazan políticas liberales y denuncian persecución política.
La situación se agrava por la ruptura entre el presidente Paz y su vicepresidente, quien se ha sumado a las protestas. La crisis económica, la escasez de combustible y el aumento de precios contribuyen a la tensión social.