La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios y 7 entidades rusas por su presunta participación en la deportación forzada y adoctrinamiento de más de 20.500 niños ucranianos a territorio ruso desde el inicio de la invasión en febrero de 2024.
Según el Consejo Europeo, se trata de una política sistemática para borrar la identidad ucraniana mediante reeducación política, asimilación cultural y entrenamiento militar. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y María Belova por presunta deportación ilegal.
Rusia, por su parte, afirma que los menores fueron evacuados para protegerlos de la guerra, mientras que Ucrania insiste en que recuperar a los niños es una prioridad nacional comparable a la defensa militar.