El presupuesto aprobado para 2026 prevé un recorte de casi 80 mil millones de pesos, lo que ha generado protestas por parte de la UBA y otros sectores universitarios.
A pesar de que la ley establece la transferencia de fondos, el gobierno argumenta que las universidades deben presentar planes auditables para la designación de partidas, una exigencia que la justicia federal ya desestimó.
La deuda operativa para sostener las actividades universitarias asciende a 20 mil millones de pesos, y la diferencia con los fondos retenidos es del 90.7%, lo que pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas y de investigación.