El debate se centró en el aumento de las tarifas de transporte público y su impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores. Se cuestionó la justificación del aumento del 1400% en dos años, argumentando que el servicio empeoró y la frecuencia disminuyó.
Se planteó que el tiempo de espera del transporte público representa un costo de oportunidad mayor que el aumento de la tarifa, especialmente para quienes dependen de él para trabajar o trasladarse.
Se discutió si la recomposición salarial anunciada por el gobierno se refleja en la realidad de los trabajadores, especialmente en el sector informal, y se cuestionó el uso de estadísticas de consultoras privadas en lugar de datos oficiales del INDEC.