El programa advirtió que el recorte de 63 mil millones de pesos en el presupuesto de salud afectará directamente a jubilados que necesitan prestaciones médicas, medicamentos y turnos.
Los panelistas explicaron que las obras sociales y prepagas ya están aplazando intervenciones autorizadas, obligando a los pacientes a iniciar amparos judiciales para conseguir fecha de operación o cobertura completa.
Se mencionó el caso Martino versus Argentina que se debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el abandono de una jubilada en un geriátrico de PAMI. Una eventual sentencia en contra del Estado obligaría a modificar normas internas y generaría obligaciones económicas.
Los especialistas remarcaron que la justicia suele resolver estas causas en plazos breves, entre 24 horas y 90 días, y que la salud está vinculada directamente con la expectativa de vida de los adultos mayores.