El programa analizó el aumento presupuestario anunciado por el gobierno para pagar sentencias firmes a jubilados. La partida pasó de 153 mil millones en 2023 a 712 mil millones en valores actuales, pero al actualizar por inflación representa apenas la mitad de lo asignado hace tres años.
Los panelistas señalaron que la medida es una maniobra mediática porque el pago real depende de ejecuciones judiciales y no de la simple asignación de fondos. Recordaron que en 2023 ya se cortaron los pagos a mitad de año y que la subejecución sigue siendo habitual.
Se vinculó esta decisión con la resolución de la Corte Suprema que autoriza suspender sentencias por hasta 180 días, lo que genera dudas sobre si los jubilados recibirán efectivamente el dinero que les corresponde.