Docentes y estudiantes universitarios realizan una marcha federal hacia Plaza de Mayo para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario, aprobada hace siete meses pero no promulgada por el gobierno de Javier Milei. Los manifestantes denuncian un desfinanciamiento histórico que obliga a profesores a trabajar ad honorem y provoca renuncias masivas, con más de 10.000 docentes abandonando las universidades públicas del país.
En la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, profesores como Leandro y Mara revelan que dan clases sin cobrar, complementando ingresos en colegios privados o Uber porque los salarios no alcanzan. El ingreso más bajo de un docente con dedicación completa supera apenas el millón de pesos, con una pérdida de poder adquisitivo del 34% en 23 años y un deterioro marcado en los últimos dos años, el peor entre empleados públicos nacionales.
Edificios en riesgo de derrumbe como el de Marcelo T. de Alvear en la UBA se cursan parcialmente por falta de mantenimiento, mientras escasean recursos para aulas, mesas y bibliotecas. Estudiantes dejan de asistir por costos de transporte elevados bajo el gobierno de Milei, y hay menos cupos y clases por la fuga de docentes.
En Mar del Plata, la rectora de la Universidad Nacional destaca que el 90% del presupuesto va a salarios, dejando un 10% ínfimo para becas, comedores y obras que ahora se paralizan pese a un 15% más de inscriptos. Las universidades se auditan constantemente por la AGN y son transparentes, rechazando acusaciones de despilfarro y defendiendo su rol en igualdad de oportunidades y desarrollo nacional.
Los reclamos incluyen recomposición salarial y no afectar la educación pública gratuita, con concentraciones en plazas como José de Calasanz y actos a las 17 horas en todo el país, mientras el gobierno prioriza el superávit fiscal y apela la ley ante la Corte Suprema.