La cuarta marcha federal universitaria reclama el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario promulgada en octubre pasado, recomposición salarial docente y no docente, y defensa de la educación y salud pública ante el desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Estudiantes, docentes y no docentes de universidades como la UBA, UNLA, UNAJ Arturo Jauretche y Universidad de Lanús denuncian deterioro palpable: profesores renuncian o dan clases virtuales para ahorrar costos, salarios perdieron 34,2% desde noviembre de 2023 (equivalente a 8 sueldos), un titular con dedicación exclusiva (40 horas) cobra alrededor de 1,9 millones de pesos, semi-exclusiva (20 horas) 925 mil, jefes de trabajos prácticos menos de 800 mil y dedicaciones simples desde 210-270 mil, por debajo de la línea de pobreza.
Testimonios en vivo desde Plaza de Mayo y avenidas Córdoba y Callao destacan esfuerzo para sostener la universidad a pulmón: hospitales como Clínicas y Lanari sin insumos para operaciones ni prótesis, guardias colapsadas, no docentes ganan entre 625 mil y 1,2 millones, estudiantes abandonan carreras por trabajo extra, familias de primera generación de universitarios ven amenazado el acceso igualitario. Una egresada de Lanús, ahora docente, subraya que la educación pública permite progresar a quienes no pueden pagar privadas.
El gobierno, con voceros como la ministra Sandra Pettovello y subsecretario Alejandro Álvarez, cuestiona la marcha como "construida sobre una mentira" y prioriza recortes por 2,5 billones de pesos en despidos estatales, cifra equivalente al costo de la ley. La Corte Suprema debe decidir sobre el cumplimiento, mientras columnas avanzan al Congreso y Plaza de Mayo con fuerte presencia gremial no docente.