En la Universidad Nacional de La Matanza, estudiantes, docentes y no docentes denuncian una crisis extrema por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso, ratificada en dos instancias judiciales y vetada por el Poder Ejecutivo hace más de 200 días. Salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza desde que asumió Javier Milei, lo que obliga a muchos a abandonar clases o complementar con trabajos precarios como Uber.
Entrevistados como Walter Ferreiro, secretario general de docentes, Ricardo Paraldi de no docentes, y Javier Trímboli, presidente del centro de estudiantes, destacan que el 80% de egresados son primeros profesionales en sus familias. Estudiantes relatan deserción por subas en transporte, falta de materiales y prolongation de carreras, mientras la universidad permanece abierta pero suspende asistencias para la marcha a Plaza de Mayo y plazas del país.
Nicolás, docente de sociología con 20 horas semanales, gana solo 150.000 pesos y debe manejar de chofer para sobrevivir, ya que un colega con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad percibe 900.000 pesos, por debajo de la canasta básica. Critica el plan gubernamental de vaciar la universidad pública, motor de movilidad social, recordando promesas de cierre en campaña.
Otros testimonios mencionan éxodo docente, falta de mantenimiento, becas congeladas y recortes como el FONID. Camila exige a la Corte Suprema, formada por jueces como Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti egresados de universidades públicas, que resuelva rápido como en causas políticas. La cobertura pasa a Mar del Plata, donde estudiantes como Brenda y Facundo protestan por paros, investigaciones paralizadas y familias con múltiples trabajos precarios, exigiendo cumplimiento de la ley.