Estudiantes y profesores realizan clases públicas frente a la Facultad de Ciencias Económicas como prólogo a la cuarta marcha federal por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, sancionada hace siete meses.
El gobierno nacional se niega a aplicarla por considerarla deficitaria, obtuvo amparo judicial y espera fallo de la Corte Suprema, lo que genera renuncias diarias de docentes por bajos sueldos. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolachi, denuncia una caída del 45,6% en transferencias a universidades públicas desde 2023, afectando salarios, infraestructura, ciencia y hospitales universitarios.
Entre el 60% y 70% de trabajadores universitarios perciben menos de 650 mil pesos mensuales. Bartolachi destaca que el jefe de gabinete puede redireccionar partidas presupuestarias, como se hizo para inteligencia y funcionarios públicos, y defiende reformas en la UNR que aumentaron egresados de 3.000 a 3.500 anuales.
Docente Nicolás, sociólogo de la UBA, complementa con su testimonio: con dos cargos simples gana 450 mil pesos por 20 horas semanales, insuficiente para la canasta básica, por lo que trabaja como chofer de aplicaciones representando el 75% de sus ingresos y da clases solo el 25%. Explica pluriempleo, renuncias y pérdida de talento.
Bartolachi urge aplicar la ley para condiciones mínimas, advierte riesgo de continuidad de actividades y llama a la sociedad a apoyar la marcha de mañana sin micros pagados.