Almaraz, pueblo de 1.500 habitantes en Extremadura, España, depende económicamente de la central nuclear más grande del país, que el gobierno de Pedro Sánchez planea apagar antes de finales del año que viene.
La central genera el 5% del PBI regional, sostiene 4.000 empleos directos e indirectos y cubre el 7% de la demanda nacional de electricidad. Tras un apagón masivo en la península ibérica, la Comisión Europea insta a evitar cierres prematuros de nucleares para reducir dependencia fósil.
David Martín sirve 260 menús diarios a trabajadores nucleares en el restaurante familiar; sin ellos, caería a 40. Fernando Sánchez Cáceres, intendente y presidente de SIA Almaraz, reclama prórroga hasta 2030 por despoblación regional.
Greenpeace argumenta que prorrogar cuesta a consumidores y frena 26.000 millones en renovables. Accionistas piden extender pese a acuerdo de 2019. El Consejo de Seguridad Nuclear dictaminará en julio.