En Francia, la fiscalía aplica técnicas de narcotráfico como escuchas, interceptaciones y videovigilancia para combatir el fraude laboral en la economía sumergida, que evade 7 mil millones de euros anuales en cotizaciones sociales, principalmente en construcción y comercio.
Inspectores de URSAF controlan obras en Lyon y detectan trabajadores sin contratos ni papeles, como un empleado de limpieza sin empleador conocido y un solicitante de asilo no autorizado a trabajar, iniciando acciones judiciales por posible trata de personas vulnerables.
Empresarios como un artesano de tejados facturan 800 mil euros al año sin declarar cinco empleados para ahorrar costos por escasez de mano de obra, pese a inspecciones fiscales estresantes; URSAF recuperó solo 150 millones de 1.500 millones detectados en 2025.
En tribunales como Niza, defraudadores enfrentan multas de hasta 45 mil euros y prisión de tres años, extensible a diez por delincuencia organizada, aunque el fraude fiscal total asciende a 80-100 mil millones de euros anuales.