El gobierno español decidió cerrar la central nuclear de Almaraz en 2028, pero accionistas y habitantes reclaman posponerlo por el impacto económico.
En el pueblo de Almaraz, los trabajadores de la planta llenan bares y restaurantes, y temen incertidumbre laboral, éxodo y desaparición de municipios. La central genera el 5% del PIB regional y 4.000 empleos.
Los locales advierten que sin industrias alternativas, los negocios perderían hasta la mitad de ingresos. La estrategia energética busca elevar renovables al 81% en 2030, pero la Comisión Europea pide evitar cierres prematuros.
Defensores destacan la fiabilidad y seguridad de la planta, con nivel UANO-1 en 2025. El Consejo de Seguridad Nuclear emitirá dictamen en julio.