El gobierno autorizó la venta legal de vapeadores, levantando la prohibición anterior e imponiendo impuestos para regular el mercado informal que existía pese a los riesgos para la salud pública.
Los conductores criticaron la medida porque los vapeadores generan graves problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer, y Europa los restringe cada vez más. Se eliminan saborizantes para reducir atractivo en adolescentes, pero el foco debería estar en bajar el consumo mediante campañas, no en legalizar y tributar.
La decisión prioriza recaudación sobre salud, ya que el Estado gasta más en tratar daños por contaminación de estos productos y cigarrillos.