El decreto 315/26 reglamenta el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) de la ley de modernización laboral, reduciendo los aportes patronales del 19% al 2% por cuatro años en nuevos contratos para aliviar la carga al sector privado.
El régimen aplica a categorías específicas como ex empleados públicos de los tres niveles de gobierno, monotributistas sin empleo formal previo y trabajadores informales; las contribuciones bajan a alícuotas del 2% o 3%, aproximadamente 6% del salario frente al 30% actual, vigente desde mayo por 48 meses hasta el 80% de la nómina empresarial.
En conferencia, Manuel Adorni lo presentó como clave de la reforma, mientras expertos destacan que evita juicios laborales retroactivos y da previsibilidad; Federico Domínguez explicó que incentiva formalización en un mercado estancado, con flexibilidad en convenios y cambio de fuero a CABA para equilibrar demandas.
La medida forma parte de un paquete que incluye límites a huelgas y primacía de convenios por empresa, desarmando el modelo laboral peronista; se combina con baja inflacionaria, menor demanda de dólares y tasas de interés que impulsarán crédito y actividad en construcción y consumo.