El gobierno español de Pedro Sánchez insiste en cerrar la central nuclear de Almaraz antes de 2028, pese a la crisis energética global por guerras en Ucrania y Medio Oriente que afectan combustibles fósiles. La planta genera el 7% de la electricidad nacional, el 5% del PBI regional de Extremadura y sostiene 4.000 empleos directos e indirectos en una zona despoblada.
Empleados y vecinos protestan por el impacto en sus vidas; David Martín gestiona un restaurante que sirve 260 menús diarios a trabajadores y teme caer a 40 sin la central. Fernando Sánchez Castilla, intendente vecino y líder de SIA El Futuro, reclama prorrogar hasta 2030 para evitar la desaparición de 4.000 familias.
Greenpeace argumenta que prorrogar el cierre cuesta a consumidores, frena 26.000 millones de euros en renovables privadas, es más barato, democrático y seguro; evita dependencia de Putin, Trump o Golfo Pérsico. Gobierno apunta a 81% renovable en 2030 y fin nuclear en 2035, aunque accionistas ahora piden extender. Nuclear ofrece estabilidad vs intermitencia solar/eólica; Consejo de Seguridad Nuclear decide en julio.
Habitantes de Almaraz esperan tensionados la decisión que definirá si su pueblo de 1.500 habitantes sobrevive.