La ex jueza de familia Alejandra Claudia Velázquez, destituida en 2017 del juzgado de Pilar, enfrentará juicio oral por cohecho en un esquema de venta de bebés, donde ordenaba a empleadas buscar embarazadas vulnerables en barrios humildes para ofrecerlas a familias pudientes a cambio de dinero y priorizarlas en listas de adopción.
Testigos describieron cómo la jueza manipulaba las listas, extorsionaba con demoras si no pagaban y falsificaba firmas en sentencias, además de acosar laboralmente. Empleadas revelaron frases como "vayan a buscar pancitas" y promesas de ascensos por "regalar" bebés nacidos, convenciendo a madres en precariedad económica, adicciones o vulnerabilidad extrema.
Velázquez fue detenida en España y extraditada solo por cohecho, ya que la falsificación de firmas no es delito allí, limitando la acusación. En su defensa, alegó un "malentendido técnico" al pedir trabajo en barrios humildes, negando cualquier propuesta económica, aunque panelistas cuestionaron su credibilidad y fuga inicial.
La pena por cohecho oscila entre 1 y 6 años de prisión, sin riesgo de prescripción por interrupciones procesales. El caso destaca fallas en juzgados de familia, con llamados a mayor celeridad y prevención para proteger a niños, comparándolo con otros destituidos como McIntosh.