El gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días el programa Mesa Bonarense, que repartía cajas de alimentos a 2 millones de familias, afectando la provisión en escuelas y comedores. La medida, publicada el viernes pasado, responde a problemas presupuestarios y pone en riesgo miles de puestos de trabajo de proveedores, mientras intendentes peronistas como los de Quilmes y José C. Paz reclaman soluciones ante la falta de fondos.
El panel muestra cajas desiguales recolectadas en distintos municipios: algunas con 9 productos como en Lanús, otras con más de 20 como en Tigre, con variaciones en calidad, marcas no líderes y rotulaciones publicitarias de algunos distritos. Critican la falta de uniformidad, posibles negocios locales con el cartón y precios elevados, ya que una réplica comprada en supermercado cuesta 13.900 pesos por caja chica, proyectando un gasto mensual de 26 a 28 mil millones de pesos para la provincia.
Comparan con escándalos previos como los alimentos de Sandra Pettovello, cuestionando por qué no hay el mismo escrutinio mediático que con Manuel Adorni, y acusan al gobernador Axel Kicillof de priorizar gastos como campeonatos folclóricos sobre la asistencia alimentaria. Kicillof justifica la suspensión por caída de recaudación y deuda de 25 mil millones de pesos del gobierno nacional, planeando redistribuir hacia ancianos y discapacitados.
Surge tensión interna en La Cámpora y peronismo, con intendentes enojados que golpean puertas municipales ante la interrupción, mientras se menciona la marcha del CGT y críticas a Cristina Fernández de Kirchner. El debate enfatiza empatía con los más pobres, cuestionando marcas de leche, fideos y polenta en las cajas, y llama a transparencia del gobierno bonaerense.
Insisten en que el recorte provincial desmiente el relato contra la "motosierra" de Javier Milei, destacando que la provincia tiene 700.000 empleados públicos y dificultades para pagar aguinaldos de junio.