Panelistas cuestionan los altos sueldos de funcionarios públicos en un país con bajos ingresos para maestros, médicos y choferes de colectivo, argumentando que un país rico como Argentina no puede permitir que un presidente cobre millones mientras la gente pasa hambre.
En el caso de Adorni, se discute su presunto enriquecimiento ilícito durante la gestión como jefe de gabinete, con compra de departamento y casa que no puede justificar, aunque solo el 5% de preguntas son personales o judiciales.
Defienden el derecho a vacaciones de funcionarios y critican la cultura argentina de exigir sufrimiento a quienes gobiernan, pero insisten en equiparar remuneraciones y que la política atraiga eficientes sin necesidad de robar por bajos sueldos.