La organización African Parks gestiona el Parque Nacional de Akagera en Ruanda desde 2010 con un modelo mercantilista que genera casi 5 millones de dólares anuales mediante safaris de lujo, pero críticos lo acusan de expulsar a pueblos indígenas de sus territorios ancestrales.
Voces críticas denuncian métodos casi militares, vallas eléctricas, patrullas armadas y cámaras para combatir la caza furtiva, mientras reintrodujeron rinocerontes negros y blancos que atraen turistas. El presidente Paul Kagame apoya esta gestión empresarial que busca sostenibilidad económica, pero activistas hablan de colonialismo verde.
En la República del Congo, pueblos Baka relatan torturas por guardabosques de WWF por recolectar miel, con quema de campamentos y prejuicios étnicos. En Kenia, la NRT comercializa créditos de carbono en reservas, desplazando pastores Masái, Samburu y Borana, generando 14,6 millones de dólares en 2022, pese a demandas judiciales ganadas por comunidades.
Expertos como Mordecai Ogada critican que Occidente ve a indígenas como amenaza, mientras empresas como Netflix y British Airways compran créditos. Un tribunal keniano declaró ilegales reservas de NRT, abriendo esperanza para equilibrar conservación y derechos humanos.