El fiscal Santiago Bridoux aclaró que extraer un bebé de ocho meses del vientre materno y matarlo no constituye un aborto legal, sino un asesinato, pese a que la ley argentina permite la interrupción del embarazo sin plazo en casos de violación. En el caso de la niña de 12 años de Santiago del Estero violada por sus primos, la madre la llevó a una clínica en Villa Ballester donde hallaron ocho fetos descartados, tras intervención de la Fundación Cigesar de Damián Levy.
Expertos cuestionan por qué la menor y su madre viajaron desde Santiago del Estero a Buenos Aires, cuando allí se practicaron abortos legales en casos similares de niñas violadas. Sospechan un vacío legal que impidió obtener ADN del feto como prueba irrefutable contra los primos prófugos, y plantean hipótesis de trata de personas o venta del bebé. La clínica alquilaba quirófanos a la fundación sin controles estrictos.
La fiscalía investiga restos fetorales para verificar si nacieron vivos y qué destino tuvieron, ya que la clínica carecía de neonatología. Planean citar a indagatoria a médicos de la clínica y la fundación, y la niña declarará nuevamente en cámara Gesell, revictimizándola. El fiscal envió inicialmente a la menor a un hospital local, pero desapareció tras decidir interrumpir el embarazo.
Periodistas destacan la laxitud en controles pese a la ley, y un penalista advierte sobre zonas grises en prácticas a término, exigiendo mayor regulación para evitar abusos en casos vulnerables.