En el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, las defensas de los imputados delimitan roles y estrategias tras la nulidad del anterior, con audiencias que muestran contradicciones en autopsias y testimonios. Los abogados discuten cómo probar la causa de muerte, cuestionan la legalidad de prohibir declaraciones a acusados y analizan cambios en posiciones como la de Leopoldo Luque, quien niega impulsar la internación domiciliaria pese a audios.
Panelistas destacan cuatro autopsias contradictorias y la falta de claridad sobre el momento exacto de la muerte, con fiscalías como Patricio Ferrari e Iribarne presentando teorías inconsistentes. Se menciona el rol de hijas como Dalma, Janina y Hanna en la aprobación de la externación de la Clínica Olivos, firmada por familiares y médicos, pese a su mal estado de salud post-cirugía.
Los imputados incluyen a Leopoldo Luque (neurosurujano), Agustina Kosayov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora), Mariano Perrone (coordinador enfermeros), Pedro Dispagna (médico clínico) y Ricardo Almirón (enfermero), con Diana Gisela Madrid y otra enfermera en juicios separados. Defensas piden transmisión en vivo para garantizar equidad, comparando con casos como Fernando Báez Sosa.
Se debaten posibles cambios en declaraciones de testigos como policías y médicos, allanamientos en clínicas por historias clínicas faltantes y la agonía prolongada según la Junta Médica. Abogados como Miguel, Milagros Grassi, Mario Baudry y Francisco Oneto argumentan en un "barro" de contradicciones donde cada uno busca posicionarse mejor.
Fernando Burlando, querellante por las hijas, acusa a Luque de mentiroso por audios descontextualizados. El foco está en la internación domiciliaria deficiente, sin desfibrilador ni controles adecuados esa noche fatal.