La Cámara de Casación Penal ordenó la ejecución patrimonial en la causa Vialidad para decomisar bienes y recuperar lo robado al Estado, confirmando la condena firme por corrupción contra Cristina Kirchner con arresto domiciliario en San José 1111 con tobillera electrónica e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
La decisión incluye 111 inmuebles: 20 de la familia Kirchner, 85 de los Arovales y el resto de otros imputados, allanando el camino para una segunda etapa solicitada por el fiscal Diego Luciani con 134 bienes muebles e inmuebles, mayoritariamente de Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
Entre los bienes figura la Casa Patagónica Los Sauces, complejos de departamentos de Báez, el Hotel Alto Calafate, terrenos usurpados y los dólares de Florencia Kirchner en caja de seguridad sin explicación convincente ante la Justicia.
La resolución sienta precedente al ordenar decomiso de propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, aunque Cristina apelará a la Corte Suprema para dilatar el proceso; la Corte será titular de los bienes.