El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a tres funcionarios de empresas estatales a penas de 10 a 15 años de prisión por malversación de fondos y falsificación de documentos bancarios y comerciales.
Los acusados desviaron más de 5 millones de pesos cubanos, equivalentes a 43 mil dólares, a cuentas personales y se repartieron casi 4 millones.
Recibieron privación de derechos públicos, prohibición de salida del país e inhabilitación profesional. Un cuarto implicado fue multado por tráfico ilegal de divisas en sintonía con otros casos de corrupción en la isla.