La justicia allanó una clínica de zona oeste del Gran Buenos Aires por el caso de una nena de 12 años de un pueblo de Chaco, violada y embarazada de ocho meses. La menor, víctima de violación, pasó por dos clínicas en Santiago del Estero que se negaron al aborto legal; una fundación de Palermo pagó pasajes a Buenos Aires para la intervención en esta clínica, allanada por exhorto de paradero de la justicia santiagueña.
En el allanamiento, la policía encontró ocho fetos en bolsas patológicas, pero ni la nena ni su mamá estaban presentes. No hay detenidos; se investiga si hubo aborto legal por violación (permitido sin límite de semanas con declaración jurada), supresión de identidad o robo de bebé. El panel debate dos versiones: clínica clandestina de abortos ilegales y robo de bebés, o práctica legal de abortos tardíos agrupados (posibles por objeción de conciencia en otros lugares).
La clínica, que trabaja con PAMI y no cerró puertas, recibe inspección del Ministerio de Salud bonaerense; su director se presentó en Comodoro Py pero no en el lugar. Reportera Magui desde la puerta confirma funcionamiento normal pese a mala fama barrial por sueldos impagos y rumores de abortos. Vecinos y trabajadores mencionan conflictos laborales; se secuestraron historias clínicas.
La ley 27.610 (IVE) y normas previas permiten aborto por violación sin denuncia penal ni límite gestacional, aunque polémico a ocho meses (inducción de parto con fármacos, no cesárea habitual). Surge duda sobre denuncia de paradero: ¿familiar preocupado, abusador o quien impedía aborto? Investigación incluye posible trata, abusos previos y rol de la ONG.
Panel insiste en investigar raíz (abusador, familia disfuncional) y destino del feto/bebé; horror por nena transitando embarazo, pero legalidad prima hasta prueba de delito. Ministerio de Salud evita declaraciones; clínica niega inicialmente presencia de nena por secreto profesional.