El gobierno de Javier Milei insiste en un proyecto para que personas con discapacidad certifiquen su condición cada seis meses para cobrar pensiones, pese a tres rechazos del Congreso que derogó artículos similares en el presupuesto.
El panel cuestionó la medida como parte del "ajuste más grande de la historia", argumentando que deslegitima esfuerzos contra fraudes como el de pensiones en Formosa, donde el 7% de la población figura como inválida laboralmente.
Se criticó la falta de acción en dos años de gestión y la hipocresía al exigir intachabilidad a la sociedad mientras funcionarios como Frugoni ocultan bienes, afectando la credibilidad para equilibrar las finanzas públicas.
El debate extendió a financiamiento universitario, con la UBA judicializando la rendición de cuentas antes de aumentar fondos, y la necesidad de sanear sistemas con alto fraude ideológico del kirchnerismo de "donde hay necesidad nace un derecho".