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Gobierno despide a Frugoni por ocho propiedades no declaradas en Miami

Tensión: discusión (45°) Sesgo: crítico (-60) Eje político: Centro Izquierda

La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta fines de julio de 2026 el plazo para que funcionarios nacionales presenten sus declaraciones juradas patrimoniales, originalmente vencía el 31 de mayo. La medida surge en medio de escándalos como el de Manuel Adorni, vocero presidencial con irregularidades en la declaración de su esposa, y Carlos Frugoni, secretario de Infraestructura en Obras Públicas, quien omitió declarar ocho propiedades en Miami valoradas en hasta 2 millones de dólares.

Carlos Frugoni, con trayectoria en la gestión pública desde el macrismo y ex titular de AUSA en CABA durante 14 años, ya había sido sancionado e inhibido para cargos públicos por no presentar declaraciones juradas previamente. Compró la mayoría de los inmuebles entre 2020 y 2022, inscribió sociedades en EE.UU. sin declararlas en AFIP ni ARCA, y transfirió 400 mil dólares de una cuenta estadounidense para adquirir una propiedad en la zona norte argentina, todo sin justificar el origen de los fondos.

Panelistas cuestionaron los controles de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ejecutivo, y exigieron independencia. Fuentes gubernamentales confirmaron que Luis Caputo despidió a Frugoni, aclarando que no renunció sino que fue echado, ante la presión mediática y denuncias. Compararon con Adorni, a quien el gobierno sostiene pese a sospechas más graves, incluyendo favoritismos y viajes no justificados, generando críticas por doble vara.

Graciela Ocaña, Karina Banfi y Alejandro Pitu Salvatierra destacaron la falta de moralidad en un gobierno que prometió combatir la corrupción, agravada por la crisis económica. Nicolás Buñazqui adelantó más revelaciones, y se anticipa que Adorni enfrentará preguntas sobre su patrimonio en su exposición en Diputados el miércoles. La prórroga beneficia rectificaciones, pero panel cuestiona la eficacia de los organismos de control.

Frugoni admitió la propiedad y el error, pero la omisión configura delito potencial por enriquecimiento ilícito o lavado. El escándalo expone fallas en AFIP, ARCA y Oficina Anticorrupción, con llamados a fichas limpias y reformas éticas.