La Cámara de Casación Penal ordenó decomisar 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Máximo y Florencia Kirchner por la causa Vialidad, para reparar el daño de 685 mil millones de pesos en obras públicas en Santa Cruz.
Incluye hoteles como Alto Calafate y Los Sauces, que generaban 90 mil dólares mensuales en alquileres, con proceso inicial para propiedades simples y segunda etapa para explotadas comercialmente.
El fallo enfatiza reparación económica más allá de la condena simbólica, permitiendo usos públicos o venta, en un contexto de corrupción sistemática kirchnerista estimada en 35 mil millones de dólares de perjuicio nacional.
Se mencionó sobreprecios del 20% en toda obra pública (112 mil millones de dólares totales) según Carlos Wagner, y casos como Daniel Muñoz con 70 millones en propiedades.