Un proyecto de reforma electoral en Congreso aumenta topes de aportes privados de personas físicas o jurídicas del 2% al 35%, en medio de investigaciones como la de La Nación sobre financiamiento opaco de campañas políticas.
El panel destacó que ningún candidato rinde todos los gastos reales, que superan cifras declaradas en millones de dólares, y que campañas requieren estructuras territoriales caras, con aportes ilegales comunes para ocultar financiadores.
Cuestionaron la transparencia, afirmando que todos los políticos terminan con causas, y nadie cree en ninguno, llevando a desinterés electoral.