El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de emergencia por discapacidad 27.793, denominado contra el fraude de pensiones por invalidez. Las pensiones actuales requieren reempadronamiento obligatorio para acreditar condición médica, situación económica y antecedentes laborales, o se darán de baja.
Las nuevas pensiones tendrán controles, fiscalización y cruce de datos entre ANSES, ARCA y Cintis. Más de un millón de personas cobran actualmente pensiones por invalidez laboral y 500 mil esperan el otorgamiento.
Consejo clave: actualizar el domicilio y tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUT) con tiempo. El debate inicia en el Senado y busca ordenar el sistema sin presuponer fraudes masivos.
Se enfatiza tratar con celeridad y tranquilidad a esta población vulnerable, sin recursos económicos y en situación social delicada.