La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez decidió liquidar la aplicación de la ley de amnistía a dos meses de su promulgación, que buscaba la reconciliación nacional mediante la excarcelación de presos políticos.
La medida sorprendió porque la Comisión Parlamentaria recibió 12.187 solicitudes válidas hasta el 22 de abril, de las cuales 8.600 personas fueron beneficiadas con la libertad, aunque aún quedan alrededor de 500 presos políticos tras las rejas según ONG.
Los casos pendientes ahora pasarán al programa de paz y convivencia democrática y a la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, dirigida por el fiscal general Larry De Boe, cercano a Rodríguez. La ONG Acceso a la Justicia critica que la ley no tenía límite temporal, por lo que finalizarla da un paso atrás en los derechos de los detenidos.
Defensores de derechos humanos advierten que la derogación viola la Constitución venezolana.