Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y autor de la ley de emergencia por discapacidad, denuncia el colapso del sistema con familias desesperadas sin acceso a medicamentos, traslados ni acompañantes terapéuticos. Critica el tercer repadronamiento masivo en tres años propuesto por el gobierno, que revierte al obsoleto concepto de pensión por invalidez laboral, y sugiere auditorías selectivas en médicos con altas por encima del promedio y localidades sospechosas, sin afectar a discapacitados permanentes como ciegos de nacimiento o personas con síndrome de Down.
El proyecto elimina el nomenclador nacional actualizado por IPC mensual y propone acuerdos de partes entre familias y prestadores como prepagas o PAMI, lo que genera riesgos judiciales por sentencias firmes que exigen valores del nomenclador. Arroyo destaca la incompatibilidad de cobrar pensión con ingreso registrado superior a dos salarios mínimos, violando la convención de derechos de discapacidad, y la eliminación de cupos laborales obligatorios en el sector público y privados.
La Agencia de Discapacidad (Andis) cerró oficinas territoriales, obligando a familias a recorrer hasta 500 km para trámites, paralizando 500 mil otorgamientos pendientes. Arroyo relata angustia inédita en madres que ven al Estado como agresor de sus hijos discapacitados, y aconseja a beneficiarios actualizar domicilios en RENAPER y certificados únicos de discapacidad (CUD), proponiendo cruces de datos estatales para evitar fraudes sin masificar auditorías.
Expertos como el doctor Alegre y Martín Ugalde coinciden en la inviabilidad logística: con solo 100 médicos disponibles para auditar 1,2 millones de casos en 60 días, urge focalizar en irregularidades detectadas por promedios, evitando desesperación masiva y presumir fraude en todos los titulares.