El Tribunal 4 de Casación rechazó planteos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, ordenando ejecutar el decomiso de 111 bienes identificados por la fiscalía en la causa Vialidad por 685 mil millones de pesos.
La maniobra de obra pública fue un atentado contra el sistema democrático, no un simple robo, vinculando a la expresidenta cuando era vicepresidenta. Cristina debe despojarse de 19 propiedades, Máximo y familia también afectadas, mientras Báez pierde 80 propiedades.
Es la primera causa de corrupción que juzga al poder en turno, con dinero lavado vía Ruta del Dinero K, Los Sauces y Hotesles, cuentas en Suiza y paraísos fiscales.