La policía anticorrupción y fiscalía boliviana allanaron oficinas de la petrolera estatal en La Paz y Santa Cruz por presuntas irregularidades en la compra de combustible, denunciadas por congresistas y el vicepresidente Edmund Lara.
La escasez de combustible genera mercados negros y afecta economía, transporte y automovilistas; el gobierno disputa con la compañía por contrabando y suspendió contratos en abril.