El gobierno promulgó la ley de glaciares en el Boletín Oficial a la madrugada, devolviendo a las provincias la potestad para definir qué zonas son glaciares o periglaciares protegidos y cuáles se pueden explotar para minería.
La norma, aprobada el 9 de abril, generó polémica con miles de expositores en contra por riesgos ambientales; beneficiaría a la industria minera, que antes no podía operar en áreas protegidas.
Provincias y gobernadores impulsaron el proyecto pese a protestas de ambientalistas que alertaban sobre daños irreversibles.