El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las PASO, ampliar la ficha limpia a delitos dolosos, aumentar el financiamiento privado de partidos y establecer pisos del 3% para revalidar personalidad jurídica.
El paquete busca desincentivar partidos chicos y concentra poder en grandes fuerzas, pero enfrenta resistencia: el PRO rechaza eliminar PASO y el oficialismo carece de votos en ambas cámaras.
Panelistas analizan que el Gobierno dilapidó capital parlamentario en un mes y medio, pese a éxitos previos como ley laboral e imputabilidad penal juvenil. Usan pliegos de jueces como herramienta de negociación con gobernadores.
En paralelo, en Buenos Aires, La Libertad Avanza negocia con emisarios de Kicillof para facilitar eliminación de límites a reelecciones de intendentes por omisión.