La policía anticorrupción y la fiscalía boliviana allanaron las oficinas de la petrolera estatal en La Paz y Santa Cruz por presuntas irregularidades en la compra de combustible.
La denuncia surgió de miembros del Congreso y el vicepresidente Herman Lara, quienes cuestionaron discrepancias en los costos comparados con administraciones anteriores.
Bolivia enfrenta escasez de combustible que genera malestar en automovilistas, transporte y economía, además de mercados negros; el gobierno suspendió contratos que la compañía rechazó.
La investigación se centra en presunto contrabando y precios de adquisición de la petrolera estatal.