El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, firmó una resolución para que los padres de menores imputados por amenazas escolares paguen los costos operativos de las investigaciones, como allanamientos y despliegue policial, invocando el Código Civil y Comercial.
Quintero relató un allanamiento a un menor de 13 años vinculado a la comunidad criminal TCC, con instructivos para armas y bombas, que derivó en internación en un centro de salud mental. Mencionó similitudes con el caso de San Cristóbal, Santa Fe, y coordinó con su par santafesino Pablo Cocochioni.
En Buenos Aires, un alumno de 16 años de un colegio privado en Núñez fue expulsado irreversiblemente por pegar carteles y llamar anunciando un tiroteo, pese a ruegos familiares. Panelistas debaten sanciones firmes versus reversibles, enfatizando límites, rol familiar y efecto contagio por retos virales en redes.
Destacan imposibilidad de revisiones en ingresos escolares masivos y necesidad de concientización. Una madre de Provincia de Buenos Aires pidió expulsión para fijar límites, criticando enfoques "antidiscriminatorios".
Caso Balvanera: menor de 16 años posó con arma en baño escolar y lo compartió; allanado sin arma. Salta: dos de 13 años hirieron a otro con arma blanca.