Nueve manifestantes enfrentan juicio oral por delitos menores como intimidación pública, resistencia a la autoridad e incendio tras los graves incidentes afuera del Congreso en junio de 2024 durante el debate de la ley bases.
De 33 detenidos iniciales, la jueza Servini dio falta de mérito a 24, descartando sedición e intento de golpe de estado impulsados por el fiscal Stornelli y el protocolo Bullrich, dejando solo imputaciones menores.
Algunos acusados pasaron 70-80 días en la cárcel de Seiza pese a detenciones lejanas del Congreso, y hubo campaña internacional con firmas de Adolfo Pérez Esquivel y otros; la defensa de Daniela Calarco busca absolución alegando criminalización de la protesta social.
Podrían enfrentar penas efectivas por concurso de delitos, con apelaciones pendientes.