En el barrio Villa General Mitre de La Paternal, la policía inspecciona las viviendas ante un desalojo ordenado por justicia con sentencia firme desde 2009, hace 17 años. Afecta a unas 35-40 familias y más de 100 personas, muchas con menores, que viven allí desde hace décadas sin conflictos habituales.
Los vecinos muestran predisposición al diálogo para evitar mayores incidentes, aunque están angustiados. Algunos salieron a resistir inicialmente, pero permitieron el ingreso policial una vez presentada la orden judicial. No han desalojado a nadie aún y se evalúa reubicación, impactando rutinas como escuela y trabajo.
El contexto judicial arrastra desde la crisis de 2001, cuando cambió el criterio para desalojos por créditos dolarizados, con negociaciones fallidas. Es dramático para familias sin alternativas y para el dueño de la propiedad, que no usufructúa el predio. Se critica la falta de soluciones integrales en medio de aumento de personas en situación de calle, con 60% incorporadas en últimos dos años según Ministerio de Capital Humano.
La historia involucra una heredera que obtuvo usufructo tras muerte de dueña original, derivando en larga disputa. Gobierno de la Ciudad visibiliza desalojos como política clave, pero se cuestiona celebraciones sin considerar complejidad humana.