El abogado Juan Pablo detalla que las amenazas de tiroteo en escuelas, aunque bromas de menores, son delitos de intimidación pública que movilizan recursos estatales masivos como policía y bomberos.
Menores de 16 son inimputables penalmente, pero padres responden civilmente por costos de operativos, enfrentando intimaciones, embargos e inhibiciones si no pagan.
Casos incluyen expulsiones escolares y énfasis en rol familiar para concientizar; réplicas de armas agravan pero no son armas reales por ley.