En Ruanda, la ONG sudafricana African Parks gestiona el Parque Nacional de Akagera desde 2010, impulsando safaris de lujo que generan casi 5 millones de dólares anuales, pero expulsando a pueblos indígenas de sus territorios ancestrales.
Los desplazados de la selva del Congo y llanuras de Kenia terminan desprotegidos fuera de los parques, mientras activistas denuncian un modelo de conservación mercantilista con métodos militares, vallas eléctricas y patrullas armadas contra cazadores furtivos, calificado como colonialismo verde.
En el Congo, los Baka sufren detenciones arbitrarias, torturas y desalojos por guardas financiados por WWF; en Kenia, la NRT comercializa créditos de carbono en reservas masái y samburu, enfrentando demandas judiciales por usurpar tierras con testaferros, con una sentencia reciente declarando ilegales dos reservas.
Críticos como el ecologista keniano Mordecai Ogada acusan a Occidente de priorizar animales sobre pueblos africanos, mientras empresas como Netflix y British Airways compran créditos para compensar emisiones sin reducirlas.
Los indígenas lamentan la pérdida de tradiciones y acceso al bosque, exigiendo que no se sacrifiquen sus vidas por el dinero de la conservación y los créditos de carbono.