Marchas y paros se registran en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba contra el nuevo proyecto del ministro de Salud Mario Lugones que busca eliminar el nomenclador de discapacidad vigente desde 1997, pasando costos de prestaciones a negociaciones privadas entre obras sociales y prepagas sin actualización automática por inflación.
El nomenclador fija tarifas nacionales para escuelas especiales, terapias, transportes y hogares; su eliminación desregularía pagos de un fondo de trabajadores en blanco, amenazando cierres de instituciones, pérdida de profesionales y terapias para niños con autismo y otras discapacidades, según mamás y representantes entrevistados en 9 de Julio y Moreno frente al Ministerio de Salud.
El gobierno no cumple la ley de emergencia en discapacidad aprobada por Congreso pese a veto rechazado, ni paga pensiones desde noviembre; panelistas critican como tiro en el pie, favoreciendo prepagas ligadas a Lugones como dueño de Sanatorio Huemes y prepaga Ominis, generando resistencia social pese a fatiga general.
Encuestas muestran 60% rechazaría reelección de Javier Milei por crisis económica; vox populi apoya protestas como la de controladores, mientras gobierno prioriza economía sobre demandas sensibles como discapacidad y universidades.