El gobierno nacional solicitó a la Corte Suprema la intervención directa mediante un tarasaltum para saltar la Cámara y resolver rápidamente el fallo de un juez laboral que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
La medida responde a un pedido de la CGT que impide la aplicación de la ley, considerada de importancia vital, institucional y constitucional por el Ejecutivo. Además, se presentaron denuncias por abuso de autoridad contra el juez Ojera, vinculado al kirchnerismo.