Amnistía Internacional denunció un aumento del 10,5% en desapariciones en México durante diciembre de 2025, con ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
El gobierno redujo mecanismos de protección, y México registra altos casos de tortura según el índice global, alertando sobre vulnerabilidad de migrantes.
La directora Edith Olivares urgió al Ejecutivo modificar estructuras para violaciones sistemáticas; un comité de ONU pidió llevar casos a Asamblea General como crímenes de lesa humanidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la solicitud considerándola políticamente motivada.